lunes, julio 07, 2008

Interesante nota de la doctora en educación, Andrea Sabattini, sobre las políticas para la infancia y la juventud en Córdoba.

Es hora de que las políticas en torno al niño y al adolescente dejen de abordarse como una cuestión particularista, y que comiencen a considerarse como una cuestión de Estado.
Suele decirse que “no han habido políticas para la infancia y la juventud en Córdoba”. Dichos como éstos no reflejan el fondo de la cuestión acerca del desarrollo de políticas públicas en el área social. Regularmente, se presentan propuestas tendientes a aliviar los efectos perjudiciales del crecimiento desigual para niños y jóvenes, pero desafortunadamente muchas de ellas no llegan a ejecutarse; no son tenidas en cuenta, el apoyo oficial no llega, llega tarde o en forma desvirtuada. Quedarán allí, descansando en el cajón de alguna oficina del laberinto administrativo, sin recibir respuesta, contrapropuesta o reacción. Esto no perfila una situación de excepción, sino que refleja la desestimación tácita que soportan en forma sistemática las propuestas de sectores varios –incluyendo los organismos no gubernamentales– que no participan en el desarrollo de políticas públicas, supuestamente por no transitar por las mismas veredas que el oficialismo.
De esta forma quedan, dentro y fuera de la función pública, valiosos recursos y medios que no llegan a implementarse eficientemente. Otro aspecto altamente desalentador, vinculado con el desarrollo de políticas sociales, es la frecuente falta de atención por los derechos de autor de los programas y proyectos. En general se considera, con causa, que los trabajos intelectuales realizados en ámbitos institucionales son de propiedad de la institución.
Esto sin embargo no habilita a que, con la excusa de que la propiedad es de la institución, los funcionarios omitan mencionar al autor del proyecto cuando se valgan o refieran a él o a ideas introducidas por él. Esto incluye a los proyectos que provienen de fuentes internas y externas a la función pública. Esta modalidad contradice claramente las prácticas imperantes en otros países, en donde se respetan a rajatabla el trabajo intelectual y los derechos de autoría –costumbres que reflejan sus leyes– y en donde se considera normal dar participación en la ejecución o coordinación del proyecto a su autor.
Muy por el contrario, en el contexto local se acostumbra a premiar a amigos y allegados del poder con su ejecución y desligarse totalmente de sus autores. Esperemos que estas prácticas vayan cambiando. En las naciones en que se asume que la cultura y el bienestar no son prenda exclusiva de algún grupo en particular, sino que sólo se desarrollan y alcanzan con la concurrencia de todos, los derechos de autor se cumplen en términos generales en forma espontánea, sin necesidad de tener que inducirlos constantemente por la vía judicial.
Menores en conflicto con la ley. En el libro Del menor delincuente al adolescente transgresor, publicado en 2002, he denunciado el aislamiento sufrido por los menores en conflicto con la ley penal en los centros cerrados y semicerrados de corrección. El texto apunta a llamar la atención pública acerca de este grupo de “olvidados” sociales. La idea predominante sobre ellos es que, por encontrarse en una de las últimas estaciones de la carrera criminológica, no merecen beneficiarse con recursos y medios públicos, ya que ellos pueden destinarse a fortalecer la posición de los adolescentes de los sectores vulnerables que no incurren en la ilegalidad. Considero, sin embargo, esencial intentar cortar en algún punto el círculo vicioso de ingresos y egresos que caracteriza el contacto de estos jóvenes con el sistema tutelar.
Los efectos más frecuentes de esta institucionalización por tramos sobre la psicología de los adolescentes son la despersonalización y el desdibujamiento de la identidad personal, situación que el sistema se encarga de reforzar a través de la implementación de mecanismos tales como el uso del apellido para su interpelación subjetiva.
Enfermo mental y educando. La ingeniería social ha abordado esta temática desde el enfoque socio jurídico, médico y psicológico. Efectivamente, suele percibirse a estos adolescentes como delincuentes o como enfermos que habrían desarrollado algún tipo de patología mental congénita. De esta forma deslizamos como sociedad elegantemente la responsabilidad por lo que en el fondo es una cuestión de fuerte determinación social y cultural, hacia la esfera individual de cada joven. La personalidad de estos jóvenes no se va configurando como el exclusivo resultante de circunstancias y decisiones individuales, sino como consecuencia de la conjunción una serie de determinantes nocivos, ubicados en el entorno próximo del joven, es decir, en su red social. Si no actuamos sobre dicha red, será difícil aliviar en algo el trauma que implica para el joven y para la sociedad la transgresión penal.
Concibiendo a los adolescentes en situación de encierro como sujetos en necesidad de re-educación, podemos intentar transmitirles algunos instrumentos de vida de los que puedan asirse y suplir en algo la carencia de redes contenedoras en su entorno afectivo.
Concertación real, no superflua. Considero necesario arribar a una concertación –pero real y concreta, no superflua y ficticia– de todos los agentes y fuerzas sociales que pujan por provocar avances genuinos en el entramado social y cultural. Es hora de que las políticas en torno al niño y al adolescente dejen de abordarse como una cuestión particularista, y que comiencen a considerarse como una cuestión de Estado, desde la que se potencie la continuidad programática a través de las sucesivas administraciones, y que integre las iniciativas de todos los sectores. Las propuestas y el plan global están. Lo que falta es apoyo por parte de los funcionarios a quienes compete la recepción e instrumentación de proyectos.


APADIM Córdoba. Comunicación Institucional. Contactos comunicacion@apadim.org.ar

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