En defensa de "la libertad de expresión".

Proyecto de ley para despenalizar la crítica pública.
Un organismo estatal propone que los temas de interés público no estén expuestos a considerarse calumnias o injurias. Visto bueno del Parlamento.
El Centro de Estudios Legales y Sociales ( CELS), considera que tanto ciudadanos como periodistas argentinos están limitados por la legislación a opinar y expresar sus ideas. Motivo que lo llevó a presentar, este miércoles, un proyecto de ley destinado a despenalizar las figuras de calumnias e injurias para las expresiones de interés público.
La propuesta incluye modificaciones en el Código Penal dispuestas a dejar en claro que en ningún caso deberán configurar delito de calumnia o injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público; y, aún en los casos en que se hayan cometido dichos delitos, la reforma busca suprimir las penas de prisión previstas por la ley actual y reemplazarlas por multas.Para el CELS, la proliferación de juicios civiles, acompañados por la indeseada posibilidad de tener que lidiar con sumas exorbitantes de dinero como vía para reparar el daño al honor, deriva en una inevitable limitación a la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general.
En ese sentido, la reforma exhorta a los jueces a “evitar que la sanción pecuniaria impuesta desaliente la participación ciudadana en el debate de los asuntos de interés público o la labor periodística”.Esta semana, el diario francés Le Monde y su periodista Stéphane Mandard se vieron involucrados en una denuncia judicial por calumnias y por un tema de interés público. Un juzgado los condenó a indemnizar al club español Real Madrid con 300 mil euros por haber vinculado al jefe de su servicio médico, quien también rebirá 30 mil, con irregularidades en los dopajes.
La infracción al honor fue cometida desde el momento en que "no puede decirse que el periodista haya desplegado una diligencia exquisita para comprobar la veracidad de la noticia", detalla la sentencia. Así, creen que "parte de unos documentos cuya existencia no se acredita" y utiliza "una única fuente de dudosa credibilidad que nunca ha corroborado la misma existencia de los documentos controvertidos".Visto bueno del parlamento. El presidente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que el proyecto argentino ha recibido "muy buenas respuestas por parte del gobierno, de la oposición y de todas las fuerzas con representación parlamentaria"."La conciencia social sobre este tema a madurado mucho en los últimos años, por eso creo que la ley va a tener una aceptación unánime, como ocurrió en 1993 con la anulación de la figura de desacato", afirmó.
Según aclaró el CELS, el proyecto responde a la obligación de dar cumplimiento a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su fallo a favor del periodista argentino Eduardo Kimel en mayo de 2008, ordenó adecuar la legislación interna para evitar que el uso de estas figuras legales afecte el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en asuntos de interés público.

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