miércoles, febrero 29, 2012

Docentes, autoridades, familias, estudiantes y jóvenes de la Escuela Especial y de la Escuela de Formación Integral y Capacitación Laboral; iniciaron juntos un nuevo ciclo lectivo 2012. Sin duda el comienzo de nuevos aprendizajes; los mejores éxitos y energías para seguir construyendo procesos educativos, inclusivos y de participación para todos y todas.

“ Autoridades presentes, familias, alumnos, colegas.Primer día de clases. Que hermoso es poder reencontrarnos cada año para hacer esta primer fiesta de apertura del año. El olor a los cuadernos sin abrir, a la merienda dentro de la mochila, los guardapolvos impecables que día a día se irán arrugando y manchando con los colores de las cosas que vayan aprendiendo.

Algunas caras de susto por parte de los más pequeños, la algarabía y energía de los más grandes por el reencuentro y la cara de expectativa de padres y docentes son el marco ideal de este primer encuentro. Es en la escuela uno de los lugares donde se aprende a crecer, a jugar, a comunicar y establecer vínculos. Así educar es una tarea que implica mucho compromiso y responsabilidad, porque en el encuentro entre alumnos, familias y docentes es donde se sientan las bases de los procesos de aprendizaje.

Por eso hoy no podemos dejar pasar por alto que ayer debieron empezar las clases, pero que solo luchando por los derechos es que nos convertiremos en mejores docentes, empezando a enseñar con el ejemplo.Como cada año nos prometemos y planificamos días de clases, proyectos, salidas, mil maneras de mejorar cada día el proceso de aprendizaje, de que este sea rico, placentero y significativo.

Soñamos una educación centrada en el proyecto de vida de cada persona, que nos permita sentirnos parte de este mundo aportando nuestra propia marca en el proceso.Solo trabajando juntos familias, docentes, alumnos y autoridades ese objetivo se cumplirá. Que tengamos un excelente año escolar”.

Palabras de Bienvenida de Lic. Ester Frola. Directora de la Escuela de Formación Integral y Capacitación Laboral y Red de Talleres Protegidos.


Para ver más fotos , te invitamos a que ingreses aquí. Así empezamos el ciclo lectivo 2012.

martes, febrero 28, 2012

La Escuela Especial de APADIM esta realizando la búsqueda de profesionales ante la necesidad de cubrir la Titularidad de cargo de Prof. de Informática. El puesto implica 12 horas semanales con aporte de entidad patronal, para desenvolverse en el Nivel Primario y Medio de la Escuela.

Los interesados deben presentar C.V. en la sede de APADIM Córdoba: Av. Vélez Sarsfield 5000, de lunes a viernes de 8:30 a 16 hs y solicitar entrevista a los teléfonos 0351 - 4942471 – 4942220 – Int. 125. – 152120137 (Secretaria Docente Emilce Bizzotto).

miércoles, febrero 22, 2012

Compartimos información que recibimos del Programa S.O.S Discapacidad ( Servicio de Orientación Solidario) sobre cambio de domicilio de la Dirección de Discapacidad de la ciudad de Córdoba.

“Somos integrantes del equipo de trabajo del Programa S.O.S Discapacidad (Servicio de Orientación Solidario), dependiente de la Dirección de Discapacidad - Ministerio de Desarrollo Social. Les informamoss que la Dirección de Discapacidad ha trasladado sus oficinas a otra área del Complejo Pablo Pizzurno, específicamente Pabellón Eva Perón.

Además de la línea gratuita 0800-888-4466 también cuentan con un nuevo teléfono siendo:
CONMUTADOR 0351-4343456-59
SOS interno 124
PRODIS interno 126
DIRECCIÓN interno 127

Desde ya muchas gracias. Atte. S.O.S. Discapacidad
horario de atención de 8:00 a 18:00 hs
Te: 0800-888-4466
mail: sosdiscapacidad@cba.gov.ar.

El próximo sábado 03 de marzo, el Club APADIM, estará participando del 1° ENCUENTRO DE NATACION ADAPTADA “Verano 2012”, organizado por la dirección de deporte y recreación de la municipalidad de Córdoba.De acuerdo a los datos de la organización, “el objetivo es disfrutar de una jornada amistosa compartiendo experiencias entre nadadores de diferente nivel y discapacidad”.

La jornada se realizará en el natatorio del polideportivo General Paz, Roma esq. 24 de septiembre – B° Gral. Paz, en el horario de las 9 a 18 hs.El encuentro tiene un fin solidario , ya que se solicita la colaboración de donar 1 litro de leche Larga Vida mínimo por participante; donativo que será entregado al Hospital Infantil de nuestra ciudad.

viernes, febrero 17, 2012

Les comentamos que partir del próximo mes de marzo, se dará inicio a las actividades deportivas del CLUB APADIM 2012.

Les recordamos que este año el Club seguirá participando en eventos y torneos provinciales, interprovinciales y nacionales en las distintas especialidades.

A todas las personas que quieran sumarse al CLUB, pueden hacerlo comunicándose con los teléfonos de los profesores, coordinadores de las actividades.

Los invitamos y los esperamos a sumarse a nuestra propuesta deportiva.

Inicio de actividades.

Lunes 05 de marzo: Fútbol. Lugar: APADIM ( Av. Velez Sarsfield 5000. Córdoba capital.

Martes 06 de marzo: Natación. Lugar: Club Aqua de Maipú. Calle león esquina salamanca. Córdoba Capital.

Horarios.

Futbol: Lunes y Miércoles; 16 a 17:30hs.

Natación: Martes, Jueves de 17 a 18 hs , y Sábados de 10 a 12 hs.

Costos de las actividades.

NATACIÓN: 1 hora: $120 (martes o jueves); 2 hs: $160 (Sábado o Martes y Jueves); 4 hs: $200 (Sábado, Martes y Jueves).

FÚTBOL: 1 vez por semana $100; 2 veces x semana $ 150.

INFORMES: Prof. María Morales 351-152449188; Prof. Andrés Izquierdo 351- 156292328; Prof. Arturo Zavala 351-156534812.

jueves, febrero 16, 2012

Por Josefina Blanco Pool*.

Algunos datos de la actividad megaminera en nuestro país.

En los primeros meses de 2012, en distintas provincias del país, se vienen intensificando los conflictos por la instalación y funcionamiento de megaproyectos de minería a cielo abierto. Esto ha generado un nuevo ciclo de resistencias populares frente a la embestida del poder gubernamental, que propone llevar adelante proyectos extractivos en contra de la voluntad de buena parte de sus poblaciones.

Desde una mirada integral del panorama de los emprendimientos mineros y de acuerdo a las estadísticas y las fuentes consultadas, es evidente el significativo incremento de la actividad minera en la Argentina.

Actualmente existen cerca de 30 transnacionales mineras en el país, la mayoría de estas empresas son de origen canadiense (Yamana Gold, Barrick Gold, Xstrata, AngloGold Ashanti y Silver Standard Resources, Pan American Silver Corp, entre las principales) En el periodo comprendido 2003 y 2008 las inversiones mineras se multiplicaron por más de diez y el crecimiento de proyectos fue de 907%; 13 provincias están seriamente comprometidas; 300 minas estarán funcionando en los próximos diez años; siete son las provincias que prohibieron por ley este tipo de explotación: Mendoza, Chubut, Río Negro, San Luís, La Pampa, Tucumán y Córdoba.

Según informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos de exploración en “estado avanzado”: Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro)

Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.

La Secretaría de Minería de la Nación confirma este crecimiento, manifestando que Argentina es uno de los países con mayor dinámica en esta actividad, entendiendo que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”.

Desde la década del 90 con la legislación minera del menemismo, la forma de administración que hace el estado nacional de los recursos naturales es Federal. Esto significa que el Estado delega esta administración a las provincias, con sus marcos legislativos propios y controles y auditorias financieras y medioambientales. Los gobiernos locales poseen, la capacidad directa de negociar entre cada provincia y las empresas mineras, aunque también, rige la legislación medioambiental a nivel nacional que no pierde jurisprudencia.

En este contexto, el Estado nacional y los gobiernos provinciales, tienen una actuación poderosa y determinante en cuanto al tema: las transnacionales mineras gozan de subsidios nacionales; estabilidad jurídica por 30 años; incentivos fiscales provinciales y municipales, pagan mínimas retenciones para llevarse al exterior valiosos minerales mediante una simple declaración jurada y sin control estatal; y pueden dejar en el exterior el 100% de las divisas que perciben por sus exportaciones.

Los gobiernos locales argumentan que la minería traerá “desarrollo y trabajo”, sin embargo los hechos demuestran que genera contaminación del agua y del aire; desarticulación de las economías regionales, migraciones, y desempleo; entre otros fenómenos. Desde los gobiernos, se acompañan estos “procesos de desarrollo regional” que aducen las transnacionales mineras con políticas represivas que criminalizan y judicializan la protesta de las asambleas: intervención violenta en las marchas y bloqueos antimineros, allanamientos en hogares de integrantes de las asambleas, causas judiciales por delitos inexistentes. Acallar la resistencia.

Estas escenas de represión se reproducen de manera trágica y habitual en todas las poblaciones de America latina, en donde la actividad se instala: la violencia represiva del Estado usada en contra de sus propios 'ciudadana/os' para viabilizar el interés del capital transnacional con la pleitesía de gobiernos e instituciones como 'capataces' de las transnacionales, usando la fuerza pública para reprimir las resistencias.

Como mencionamos, la minería transnacional a gran escala genera resistencias populares, por los reales y devastadores 'impactos' de su metodología extractiva que implica la voladura de cerros enteros, la destrucción de acuíferos y ecosistemas, y el consumo descomunal de agua y energía.

Principales impactos de la minería.

Aspectos Ambientales, Económicos y Sociales en las comunidades.

Es abundante el material informativo que da cuenta de los impactos socio ambientales de esta actividad. Por ejemplo, la publicación, 21 preguntas para entender la minería del siglo 21, estos impactos son nocivos tanto sobre el suelo, las aguas y el aire.

La contaminación a gran escala de las aguas de superficie y subterráneas (proceso de Drenaje ácido de Roca[1]) con sustancias tóxicas, como el arsénico, plomo, cadmio, cromo, cianuro y mercurio, e incluso sustancias radiactivas, tienen consecuencias directas en la fauna, la flora y la salud humana.

La deforestación masiva y sequías por efecto de la desertificación y el agotamiento de las fuentes de agua, generan la destrucción del hábitat de especies de animales y plantas en peligro de extinción, e incluso de ecosistemas enteros.

En cuanto a la contaminación del aire, al polvo y el ruido generados por las explosiones recurrentes producidas en la excavación, el ruido de los molinos y el constante tráfico vehicular, tienen impactos considerables en la flora y la fauna.

Estas situaciones de impacto ambiental, tienen una relación directa con la contaminación, la deforestación y degradación del suelo y de la calidad del agua debido a la sobreexplotación y contaminación de estos recursos.

Según, la fuente citada “las minas en las montañas descargan su contaminación en los ríos aledaños a las minas, y envenenan a los organismos acuáticos en toda la trayectoria de los ríos, hasta llegar al mar. Si las aguas tóxicas son utilizadas para el riego, las plantas absorben elementos tóxicos como arsénico y plomo y los transfiere a las frutas. Una vez que el río desemboca en el mar, los metales pesados y otras sustancias tóxicas son absorbidas por los mariscos y otros organismos (incluyendo las aves)”.

La minería descompone social y culturalmente a las comunidades; genera nuevos conflictos sociales y aumenta la pobreza en las zonas de incidencia. El movimiento económico que augura la instalación de la minería produce cambios estructurales en las poblaciones: por un lado la inmigración masiva de personas de otros lugares que llegan en busca de trabajo y por otro el incremento de personas en estas poblaciones que requiere mayor oferta de servicios públicos para estos nuevos pobladores.

En este sentido, el crecimiento demográfico implica un aumento del costo de la vida en la comunidad, es decir, la alimentación, el valor de la propiedad, los servicios básicos y a su vez la inexistencia de vínculos sociales y culturales de los nuevos trabajadores con la comunidad, son posibles “focos” de tensiones económicas y sociales en la comunidad.

De esta manera, en “resguardo de evitar conflictos” con los pobladores locales, las empresas mineras compran grandes superficies de tierra, cercanos a la zona de exploración de las minas, que son destinados la construcción de casa, escuelas, lugares comunes de ocio para los trabajadores.

Al perder sus territorios los pobladores locales se quedan sin posibilidad de desarrollar sus actividades agrícolas, con el consiguiente impacto negativo en su soberanía o autonomía alimentaria y en su vida en general.

Estos cambios sociales, sumados a los impactos ambientales implican el deterioro de la estructura comunitaria campesina o rural, lo que causa migraciones masivas hacia las ciudades, con el consecuente crecimiento de la miseria urbana.

En muchos casos, “la contaminación del medio ambiente causada por las actividades mineras perjudica a otros sectores económicos, la pérdida de actividades tradicionales y/o sustentables, como el turismo ecológico y comunitario y la agricultura orgánica”.

De esta manera, la contaminación de las fuentes de agua, la desertificación de los suelos, y las sequías, afectan a la economía agrícola de miles de familias que dependen del suelo y de la lluvia para su producción.

Las luchas continúan: las puebladas en todo el país.

La implementación de este modelo de saqueo, extractivo y exportador, es resistida por las organizaciones sociales, pueblos originarios y vecinos/as autoconvocados que organizados en asambleas populares socio-ambientales, defienden la soberanía del territorio, la autodeterminación de los pueblos en la defensa del agua y de la vida, impulsando diferentes estrategias de lucha y denuncia frente a los estragos ocasionados por estos emprendimientos.

En el marco de los sucesos de alta conflictividad en la Rioja y Catamarca, la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) en su comunicado de prensa enfatiza su carácter de ser un movimiento genuino de resistencia popular, como fruto de “la colaboración, el trabajo, la reflexión y el esfuerzo de muchos hombres y muchas mujeres que, concientes del peligro que implica la presencia de estas empresas megamineras transnacionales en sus territorios, han generado formas para defender lo más preciado que tenemos: nuestras tierras, nuestra agua y nuestra vida”.

En este sentido, estas resistencias populares expresan “el carácter crítico de poblaciones enteras que se ven amenazadas por el saqueo de sus fuentes de agua, sus tierras y sus medios de vida, en un escenario de grandes asimetrías, donde el poder financiero de las corporaciones encuentra como aliados el clientelismo, la corrupción y la fuerza represiva del Estado en manos de gobiernos que han decidido gobernar para aquellas y donde las empresas periodísticas locales, usualmente funcionan como apéndice del aparato propagandístico de las mineras”.

Estas “puebladas con sus propios cuerpos sostienen la lucha por no ser contaminadas, negándose a brindar la licencia social a esos proyectos”.

La lucha de las asambleas se multiplica y tiene una visión global porque articula estas identidades fragmentadas que están dispersas pero se nutren al pelear ante una misma causa. Toman para la lucha diferentes formas o modos, pero tienen el signo de pensarse en conjunto. Nuevos sujetos sociales que se van inscribiendo en la vida política, en el orden social, político y cultural. Así lo definen los ciudadanos autoconvocados de las asambleas: “El espíritu de quienes luchamos sigue más fuerte que nunca, nuestra convicción de construir un mundo mejor para todos, se fortalece día a día y las ganas de seguir en las rutas, en las calles y en los oídos de la gente no merma”.

La urgencia y la fuerza de esta resistencia genuina es un proceso de lucha reivindicativo y de acción colectiva, que en la participación, en sus sentidos de pertenencia, de comunidad, plantea la dignidad y las identificaciones en todas las asambleas del país: llamadas a la lucha por la restitución del derecho a vivir en un ambiente sano y a la real soberanía de sus territorios.

Las perspectivas de este proceso social: la mediatización de la protesta.

Las proyecciones que pueden elaborarse en cuanto a la minería en nuestro país deben fundamentarse en dos cuestiones claves para su entendimiento y análisis; la primera implica reconocer la incidencia en nuestro territorio del actuar voraz de las mineras trasnacionales, lo que infiere reconocer los aspectos mencionados anteriormente; y por otro lado comprender que el debate y la reflexión generada en las complejas relaciones entre poblaciones - gobiernos locales - empresas transnacionales – Estado nacional, se deben debatir en un escenario proyectivo de políticas reales y alternativas al modelo extractivo: porque en definitiva lo que se esta poniendo en debate es el modelo de desarrollo del país, teniendo como eje la cuestión de los bienes naturales y el modo en que nuestra sociedad se relaciona con la naturaleza.

En este sentido, como indagaba el texto “La megamineria y su debate de progreso” en cuanto al modelo de desarrollo de nuestro país ”los resultados de las experiencias de explotación intensiva de los bienes naturales y los desarrollos teóricos producidos en los últimos años, han demostrado la necesidad de incorporar las categorías de ambiente, territorio, biodiversidad, sostenibilidad y otras similares, en las teorías del desarrollo obligando a colocar sobre nuevos ejes los debates sobre los modelos de crecimiento y las estrategias para lograrlo”.

El actual modelo de explotación minera industrial implica la extracción masiva -y en un tiempo muy corto-, de la mayor cantidad posible de recursos minerales; el modelo de lucha de las asambleas populares de todo el país propone la recuperación de la soberanía de sus territorios y formas de vida.

Las fuerzas en juego en el escenario social son visibles y concretas, será decisión del poder gubernamental el reconocer las resistencias genuinas del pueblo para evitar la realización de proyectos extractivos que atenten la voluntad y la vida de sus pobladores.

Fuentes: El contramapa de la megaminería

El grito de la tierra

Carta Abierta de la UAC a la Presidenta de la Nación.

La megaminería y el debate sobre el desarrollo

21 preguntas para entender la minería del siglo 21


* Integrante del Área de Comunicación Institucional.
APADIM Córdoba.

[1]Este fenómeno se produce en las escombreras, en el cráter, o en los diques de desechos de la mina, y ocurre tanto durante la explotación de la mina, como después de su cierre. El Drenaje Ácido de Roca ocurre cuando las aguas de lluvia entran en contacto con sustancias tóxicas contenidas naturalmente en las rocas minadas, es decir que han sido desplazadas desde el subsuelo hacia la superficie. Mientras estas sustancias tóxicas se encuentren en el subsuelo, no presentan riesgo, pero al sacarlas de las entrañas de la tierra y exponerlas al agua y al aire, pueden convertirse en elementos mortales.

martes, febrero 14, 2012

Por Darío Aranda
“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.
En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.
La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).
El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).
Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.
En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.
Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.
En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.
“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.
En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.

jueves, febrero 09, 2012

Como en el resto de la ciudad, la sede institucional de APADIM también sufrió los embates de la tormenta del lunes 30 de enero. Con caída de árboles, alambrados y otros elementos de la estructura, algunos sectores anegados y el corte del suministro eléctrico que se prolongó hasta el viernes por la tarde. Esta impactante tormenta, histórica para Córdoba, fue principalmente implacable en sectores del sur de la ciudad, particularmente en la zona donde funciona la institución. La reparación de los daños viene implicando fuertes esfuerzos económicos y un gran trabajo de los compañeros/as de mantenimiento y maestranza.

Compartimos algunas imágenes:





El organismo relacionó el uso indebido de esos productos con distintas malformaciones, trastornos neurológicos y otras dolencias.

Por Darío Aranda

La Defensoría del Pueblo de la Nación afirmó que los agroquímicos tienen directa vinculación con la discapacidad, solicitó la implementación del principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras) e instó al Ministerio de Salud a tomar medidas “preventivas y eficaces”. “Resulta apremiante pedir a las autoridades públicas nacionales y provinciales la toma de medidas de resguardo y cautelares, para evitar la discapacidad producida por el uso de agrotóxicos”, solicitó la Defensoría del Pueblo en su “Informe especial sobre agrotóxicos y discapacidad”, publicado tras siete meses de trabajo. El organismo aseguró que no funciona correctamente la Comisión Interministerial de Investigación de Agroquímicos (creada por la Presidenta en 2009) y cuestionó al Ministerio de Agricultura y al Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que la comisión trabaja en forma “normal”, según el plan previsto.

“Las malformaciones, los padecimientos neurológicos y otras dolencias ligadas al uso indebido de agroquímicos son la vía hacia la discapacidad de niños, niñas, jóvenes o adultos y, en orden a ello, cobra relevancia el concepto de prevención”, asegura el informe de la Defensoría, y afirma: “(Los trabajos científicos citados) dan cuenta de observaciones sistemáticas, las que arrojan datos relacionados con malformaciones congénitas, enfermedades y trastornos neurológicos vinculados al uso de agroquímicos”.

Un apartado especial se dedica al principio precautorio, vigente en la Ley General del Ambiente (25.675). Le Defensoría “demanda una urgente atención precautoria y preventiva para evitar el riesgo de daño a una población desfavorecida, o bien para impedir el curso del perjuicio”.

La Defensoría apunta a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (Conadis): “No indica haber desarrollado actividades relacionadas con la prevención primaria de la discapacidad”.

En enero de 2009, luego de un fallo del Poder Judicial de Córdoba respecto de las fumigaciones con glifosato y endosulfán en el barrio Ituzaingó de Córdoba, la Presidenta creó por decreto (21/2009) la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos (CNIA). La Defensoría del Pueblo afirma: “Se verificó que las sesiones no se realizan con la regularidad impuesta. Lejos está esa comisión de cumplir, de modo sostenido en el tiempo, con la manda presidencial que los convocó para ‘la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten (a la población) con productos agroquímicos”.

En julio de 2011, el Senasa dictó la Resolución 511/2011, mediante la cual reconoció las consecuencias sanitarias del insecticida endosulfán y prohibió la importación del producto a partir de julio de 2012 y la formulación y uso a partir de julio de 2013. La Defensoría del Pueblo sostiene que “una vez comprobada la toxicidad del principio activo endosulfán y sus productos formulados, corresponde preguntarse si es posible otorgar con sensatez un permiso por dos años (más), con riesgo de generar un daño de la magnitud denunciada”.

También recuerda que la Defensoría recomendó al Ministerio de Agricultura (en noviembre de 2010) que modificara la metodología de clasificación de toxicidad de los agroquímicos (en la actualidad sólo se miden los efectos agudos, en el corto plazo).

Entre las conclusiones resalta que “la autoridad pública competente” deberá preservar a la población vulnerable de la fumigación sistemática, que “deberá frustrar la amenaza de daño, aplicando el principio precautorio, impidiendo la producción de la discapacidad en niños, niñas, jóvenes o adultos”. También insta a la “prevención primaria que abarca los supuestos donde la vinculación entre la discapacidad y el uso de agroquímicos es ostensible, es un tema de competencia de distintos organismos del Estado Nacional”.

La investigación, de 25 carillas, es la base probatoria para la Resolución 06/2012 de la Defensoría. En el primer artículo recomienda al ministro de Salud, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de Investigación de Agroquímicos, que “ejecute de manera perentoria las acciones ordenadas en el decreto presidencial con el fin de propender a la prevención de la aparición de discapacidad”. El artículo dos se dirige a la Conadis: “Que realicen acciones inmediatas, enfocadas a la atención, asistencia y cuidados de las personas con discapacidad y de sus familias, afectadas como consecuencia del uso de agroquímicos”.

El informe lleva la firma de Cecilia Pazos, del área de Derechos Humanos, y Horacio Esber, director del área de Derechos Sociales. “Son siete meses de trabajo. Y nos convencimos de la relación agroquímicos-discapacidad con investigaciones científicas, encuentros con médicos y con casos concretos de familias de zonas fumigadas”, afirmó Pazos. Esber resumió: “Las consecuencias de los agroquímicos son profundamente graves y afectan a los más vulnerables. Es evidente que el Estado debe ocuparse y se impone aplicar el principio precautorio. No se puede perder más tiempo”.

Fuente: Pagina 12.

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