martes, septiembre 01, 2015

La adecuación a la Convención Internacional de Protección a las Personas con Discapacidad, el establecimiento de un sistema de apoyos y la declaración de incapacidad como última opción legal son los puntos más salientes del nuevo Código Civil y Comercial (CCyC) en materia de capacidad, lo que representa "un gran avance" respecto del anterior, coincidieron organismos sociales, políticos y de derechos humanos.

"El nuevo CCyC parte de la base de que debemos presumir la capacidad de cualquiera por su mera condición de persona, y esa capacidad es tanto de ser titular de un derecho o una obligación como de poder ejercerlo en primera persona", explicó a Télam Iñaki Regueiro De Giacomi, abogado y miembro de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), una de las organizaciones que integró en el período 2012-2014 el grupo que trabajó en la redacción del nuevo texto que rige desde el 1 de agosto.

Se la llama "capacidad jurídica" porque es el "derecho a tener derechos, es el derecho humano primero y principal que se le debe reconocer a toda persona y que a lo largo de la historia se le negó a muchos grupos: A los esclavos, a los indígenas, a las mujeres y a las personas con discapacidad", agregó.

"Es un importante reconocimiento de la subjetividad de cada uno, de su autonomía, libertad y, en definitiva, de su humanidad. En los casos en que una persona, por distintos motivos, precise apoyos para tomar cierto tipo de decisiones -como comprar o vender una casa o celebrar otro tipo de contrato- el Estado debe garantizárselos", precisó el especialista.

El abogado señaló que desde 2008 está vigente en nuestro país la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -de jerarquía constitucional desde el año pasado- que ordena en su artículo 12 que se garanticen los sistemas de apoyos y salvaguardias y, "por suerte, el nuevo Código que entra en vigor en días lo recepta".

La aprobación legislativa del nuevo CCyC, coronada con la sanción en Diputados el 1 de octubre de 2014, tuvo un amplio recorrido que incluyó el trabajo de una comisión de expertos, más de 100 juristas y una Comisión Bicameral que realizó 29 audiencias públicas en diferentes puntos del país.

Consta de 2.671 artículos que reemplazarán a los más de 4.500 que tienen los actuales sancionados en 1869, y entrará en vigencia el próximo lunes 1 de agosto.

"Desde la perspectiva de los derechos humanos la gente debe entender el gran cambio que trae la idea de los apoyos para la toma de decisiones, ya que cuando tenés una dificultad para ejercer un derecho, la solución no es restringirlo como se venía haciendo, sino ayudar a que puedas ejercerlo", señaló a Télam Valeria Monopoli, de la Dirección Nacional de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos.

La funcionaria consideró que las mayores incorporaciones del nuevo CCyC son el artículo 35, que establece la entrevista personal respecto de la cual se pretende suministrar apoyos o restringir la capacidad jurídica; el 36, que establece la legitimidad de la persona con discapacidad para participar del proceso, y el 43, que establece apoyos como derecho de la persona y no como algo impuesto.

"Otro cambio interesante que ya traía la ley de Salud Mental, vigente hace cinco años, es el tema de la intervención interdisciplinaria, que en el nuevo Código se ve reforzada. Hasta ahora las evaluaciones en materia de capacidad jurídica las hacía el cuerpo medico forense a través de un psiquiatra, pero la interdisciplina permite morigerar eso y propone una mirada más integral sobre el sujeto, lo que también es un gran avance", destacó.

Por su parte, Silvia Bersanelli, presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis), organismo que también participó en la elaboración del nuevo Código, apuntó a Télam que la tarea "no fue nada fácil", porque "había prácticas muy arraigadas como la de sustituir a las personas, mientras que nosotros abogamos por el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad".

"El nuevo CCyC implica un cambio conceptual y también un cambio en el modo de brindar apoyo a las personas con discapacidad, por lo que significa sin duda un gran avance", detalló.

En ese sentido, Regueiro De Giacomi enfatizó que "parece una cuestión meramente discursiva, pero que no se hable de 'incapacidad' sino de 'capacidad' es una buena muestra del cambio de visión que implica el nuevo sistema".

"Así, lo que nace es un derecho a la persona a pedir derechos, que no es lo mismo que el derecho de terceros a restringirle derechos. Por eso se refuerza la participación de la persona en el proceso, su contacto con el juez y su derecho a ser patrocinado por un letrado, y el resultado ya no es una sustitución de la voluntad sino justamente un refuerzo, un sostén a la propia voluntad de la persona", remarcó.


APADIM Córdoba. Comunicación Institucional. Contactos comunicacion@apadim.org.ar

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