Comunicado Institucional: Ante la grave situación de las personas con discapacidad

Ante la grave situación que atraviesan hoy las personas con discapacidad en Argentina

Desde la Asociación APADIM Córdoba, queremos hacer pública nuestra preocupación por la crítica situación que está viviendo el colectivo de personas con discapacidad en nuestro país,  en un contexto marcado por un generalizado retroceso en el rol del Estado Nacional como garante de derechos (1).

El anuncio de principios de este septiembre, respecto de la degradación los ministerios de Salud y Trabajo en secretarías con los consiguientes recortes presupuestarios, que por ejemplo están dejando sin ejecución diversos programas de acceso a la salud integral, constituyen un escalón más en un proceso de ajustes en sectores donde se requiere la presencia activa del Estado.  

Algunos de los puntos más importantes de vulneración de derechos de las personas con discapacidad se destacan precisamente en los ámbitos del trabajo y la salud, donde el trabajo de actores estatales fuertes es clave para el desarrollo humano armónico. La situación laboral con una altísima tasa de desocupación, de más del 85 %, en esta población específica (y el histórico incumplimiento del cupo en el Estado), el recorte en las pensiones no contributivas en los últimos dos años y los obstáculos burocráticos para nuevos beneficiarios (a lo que se suma ahora el complejo, confuso e inaccesible procedimiento para que las personas ejerzan su derecho a la defensa cuando se les notifica que se les dará de baja su pensión, procedimiento que está diseñado de manera tal que en realidad parece destinado a impedir este derecho) (2), así como la falta de pago de las cobertura en las prestaciones para personas con discapacidad, en particular las brindadas por el Programa Incluir Salud son realidades de las personas con discapacidad.
Uno de los grupos de jóvenes que debatieron sobre las pensiones, sostienen un cartel con la leyenda
"No a la baja de pensiones". Foto: Prof. Noelia Negretti.

El achicamiento del Estado se viene viviendo en instituciones oficiales responsables de las políticas públicas en materia de discapacidad. Con la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad, además de absorber a la antigua CONADIS, esta nueva entidad se hizo cargo de la política en relación con las Pensiones no Contributivas por Invalidez (anteriormente de la Ex Comisión Nacional de Pensiones, del Ministerio de Desarrollo Social), del Programa Incluir Salud y el Servicio Nacional de Rehabilitación. Aunque podría significar una mejor coordinación en las políticas y programas, estos cambios no estuvieron exentos de cierre de oficinas de atención en distintas provincias y despidos de trabajadores, la baja de más de 170 mil pensiones no contributivas, que junto al cese de pagos de las cápitas de Incluir Salud (poniendo en peligro la cobertura de salud para las/os pensionados) afectó particularmente el acceso a este derecho a miles de personas con discapacidad en todo el país.

La degradación los ministerios de Salud y Trabajo en secretarías constituyen un escalón más en un proceso de ajustes en sectores donde se requiere la presencia activa del Estado

En julio de este año, el INDEC presentó los resultados preliminares de su Estudio del perfil de las personas con discapacidad. Entre las conclusiones presentadas, resalta que sólo el 34,3% de las personas con discapacidad tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Sólo ese porcentaje de las personas con discapacidad en nuestro país tienen acceso a las prestaciones y derechos que otorga el CUD: pase libre de transporte, cobertura integral de medicación y salud y las prestaciones de rehabilitación, transporte, prestaciones educativas, etc. 

La situación viene siendo visibilizada, a partir de diversas protestas públicas impulsadas desde distintas organizaciones que nuclean a transportistas y prestadores de servicios para personas con discapacidad.   Las medidas de fuerza demandan “la regularización de los pagos de Incluir Salud” y la “adecuación arancelaria”, que significa la actualización de los montos que se abonan por las prestaciones y que son determinados por el Ministerio de Salud de la Nación.  La última actualización es de septiembre del 2017.

La preocupación recae en mayor medida sobre los trabajadores que brindan apoyos independientemente y que obviamente sin el respaldo económico de organizaciones, no pueden sostener tantos meses de trabajo sin cobrar un solo peso. Es evidente la licuación que sufren los honorarios atrasados durante más de seis meses de profesionales en un contexto de devaluación y altos índices de inflación.
Postal: "Construyamos una sociedad sin barreras"
Desde APADIM Córdoba manifestamos nuestro apoyo a la medida y compartimos la visión sobre la crisis que se vive en el ámbito de la discapacidad: de los trabajadores que brindan servicios y particularmente de las personas con discapacidad, que vivencian cómo los servicios y prestaciones que reciben se están resintiendo y en muchos casos dejando de brindar.  Y centramos nuestra mayor preocupación en la grave situación económica que viven muchas personas con discapacidad y sus familias ante la caída en sus pensiones no contributivas o el no otorgamiento de las mismas como práctica generalizada con los nuevos beneficiarios, a través de trabas en los mecanismos de información y seguimiento de expedientes, excesiva burocratización, etc.  

Es necesario que el gobierno no desatienda las necesidades de las personas con discapacidad y en general de los sectores más desprotegidos. Las exigencias de reducción de déficit no deben cumplirse a costa de la desprotección de derechos básicos en las poblaciones más vulnerables.  El colectivo de personas con discapacidad demanda un estado presente para garantizar los derechos y promover el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

Nada sobre nosotrxs, sin nosotrxs.

[1] Las más notorias violaciones a los derechos de las personas con discapacidad fueron documentadas en informes de la sociedad civil y presentados en diversos estamentos de DDHH de la ONU: en el “Informe alternativo sobre las Personas con Discapacidad 2013/2017” presentado ante el Comité de los Derechos de las PCD, de la ONU; y más recientemente en el “Informe Alterno sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Personas con Discapacidad”, presentado en el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU
[2] La Agencia Nacional de Discapacidad emitió la resolución 268/2018, sobre el procedimiento de notificaciones de incompatibilidades a titulares de pensiones no contributivas, y dar oportunidad de presentar en el plazo de 10 días a los y las titulares de derechos razones para que su derecho no caduque por incompatibilidad.
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